y militarización de fronteras
Los conflictos armados de los últimos años han provocado cerca de 65.3 millones de desplazados. Los tres países que generan el más alto número de refugiados son Siria, Afganistán y Somalia, mientras los desplazados internos se ubican principalmente en Colombia, Siria e Iraq, sin tener en cuenta el desastre humanitario de Yemen.
Las grandes potencias occidentales intervienen directamente en estos conflictos, a la vez que destinan muchos fondos a la protección de sus fronteras. Ello aumenta el negocio de ventas de armas, tecnologías militares de defensa y acuerdos con países que vulneran los derechos humanos y la legislación internacional.
La respuesta europea a la “crisis de refugiados” ha sido aumentar el control fronterizo por tierra (construcción de vallas y sistemas de seguridad avanzados) y por mar (creación de la Agencia europea de Guardia de Fronteras y Costas). Esta militarización de las fronteras ha provocado un cambio en las rutas migratorias habituales, obligando a las personas desplazadas a elegir rutas más peligrosas (Libia o Egipto por ejemplo).
La normalización de las ilegales “devoluciones en caliente” ha hecho necesarios acuerdos con los países africanos para recibir a la población refugiada rechazada, sin atender a los derechos humanos fundamentales.
Una situación similar se da en la frontera entre Estados Unidos y México donde, más allá de la construcción del Muro, se está poniendo en práctica el mismo sistema de externalización de fronteras financiando a los países en la frontera sur de México (Guatemala y Belice) para que intensifiquen el control militar sobre los migrantes potencialmente directos a Estados Unidos.
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El gran negocio de la seguridad fronteriza
Varias empresas españolas se benefician de los contratos públicos para el control de fronteras en España y en Europa con el Frontex. Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras y hambre, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo.